Los desafíos ambientales de Bolivia en el 2021
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Incendios forestales y la promoción de la expansión agrícola son dos temas que preocupan en Bolivia.
La minería impulsada por las cooperativas, así como la presión en áreas naturales protegidas también están en la agenda del 2021.
La agenda ambiental de Bolivia para el 2021 tiene como uno de sus principales desafíos enfrentar los incendios forestales que en los últimos dos años destruyeron alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques en el país. El reto es mayor si se tiene en cuenta que, según los investigadores, las sequías serán cada año más graves. Otro tema que preocupa a expertos consultados por Mongabay Latam es la expansión agrícola y ganadera asociada con estos incendios, pues el avance de estas industrias se está dando, principalmente, sobre áreas arrasadas por estos desastres. La minería y las obras de infraestructura que afectan áreas protegidas serán parte también del debate público.
Incendios forestales y la protección de los bosques.
Un promedio de 4 millones de hectáreas al año se ha quemado en Bolivia entre el 2001 y el 2019, según un análisis realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El año 2010 casi se llegó a los 10 millones de hectáreas arrasadas, mientras que en el 2019 se superaron los 6 millones de hectáreas. Las cifras demuestran que los incendios forestales se han convertido en uno de
“El gobierno necesita implementar leyes para frenar los incendios y las actividades ilegales, dice Marlene Quintanilla, directora de investigación y gestión del conocimiento de FAN, quien considera que la raíz de estos problemas radica en la legislación, es decir, en las cuestionadas normas que impulsan la agroindustria.
“No son casuales los incendios. Dentro del plan de desarrollo nacional está el crecimiento de 10 millones de hectáreas”, agrega Jenny Gruenberger, asesora estratégica de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), una red nacional que agrupa a 19 instituciones que impulsan la construcción de una agenda ambiental con nueve puntos prioritarios para la década 2020-2030. Recientemente, Lidema presentó esta agenda ante el Congreso de la República y, hasta el momento, ha sumado a su proyecto más de 140 instituciones de la sociedad civil, medios de comunicación, colegios de profesionales e instituciones académicas.
Gruenberger precisa que Bolivia tiene leyes que favorecen la conservación de los bosques, sin embargo, es el país con el mayor índice de emisión de gases de efecto invernadero per cápita, debido a lo que está sucediendo en los bosques. “La quema de bosques está afectando los ojos de agua y también vivimos una sequía muy fuerte que ocasiona fenómenos climáticos locales”.
La asesora de Lidema precisa que Bolivia es visto como un país agrícola y se considera los bosques como un estorbo. “Se deben buscar alternativas basadas en mantener los bosques en pie. Bolivia es el país más amazónico de la región pues nuestra Amazonía es grande en relación con el tamaño de nuestro territorio”.
María Teresa Vargas, directora ejecutiva de la Fundación Natura Bolivia, comenta que hay más de nueve normas que facilitan el cambio de uso de suelo y que los incendios son una respuesta a estas políticas. “Desde los perdonazos, que son leyes que perdonan la deforestación en lugar de cobrar las multas hasta las leyes que facilitan el cambio de uso de suelo. Si Bolivia quiere acceder a los fondos verdes debe tener un compromiso serio con sus bosques”, agrega Vargas, cuya institución actualmente lidera una propuesta para recuperar el bosque seco Chiquitano.
Durante los incendios forestales de 2019, la Chiquitanía fue el ecosistema más afectado en Bolivia con 5.7 millones de hectáreas devastadas. En el 2020 perdió también más de 2.3 millones de hectáreas. El desastre afectó además la vida de las familias que viven cerca de estos lugares. “Es un primer experimento de recuperación temprana vinculando a comunidades y la protección del acceso al agua. La comunidad se compromete a proteger un número determinado de hectáreas de bosque”, explica Vargas sobre el proyecto que lidera Natura en cuatro comunidades de la Chiquitanía, con apoyo del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) y la agencia coreana de cooperación.
La protección de los bosques se realiza a cambio de incentivos productivos amigables con el ambiente o proyectos del fortalecimiento de sus medios de vida. La protección de estas tierras también significa la conservación de las fuentes de agua, explica Vargas.